miércoles, 19 de julio de 2017

desaparición de cuidadores no profesionales en la provincia de León

NOTA DE PRENSA SOBRE LOS DATOS DEL DESCENSO DE LAS COTIZACIONES POR DEPENDENCIA EN LA PROVINCIA DE LEÓN A raíz de los datos publicados al respecto de la alarmante disminución de las cotizaciones por cuidados a personas en situación de dependencia, desde Unidos Podemos queremos recordar que desde este Grupo se instó al Gobierno, con la presentación de una Proposición no de Ley, a recuperar la seguridad social para las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia mediante cotizaciones a la Seguridad Social, restableciéndolas a través de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Observamos con preocupación que la realidad en la que vivimos es obstinada en malas cifras, a pesar de que el Gobierno se empecine en pintarnos una ilusión alternativa. Consideramos que las exigencias planteadas en la citada Proposición no de Ley cobran a día de hoy mayor relevancia si cabe, y es por ello que manifestamos nuestra insistencia al Gobierno en que es necesario y urgente el fomento de los servicios públicos, universales y de calidad de atención a las personas en situación de dependencia (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, Centros de Día y de Noche, etc.), así como el reconocimiento del derecho a percibir la prestación por desempleo de las cuidadoras no profesionales con el fin de que no queden desamparadas cuando haya finalizado su labor. Por último, aunque no menos importante, recalcamos la necesidad de garantizar el derecho a la formación profesional para que puedan reincorporarse al mercado laboral una vez que se conviertan en ex cuidadoras no profesionales. No podemos ni debemos permitir que las personas en situación de dependencia en nuestra Provincia sufran el enésimo tijeretazo a sus derechos so pretexto de la falta de fondos por parte de la Comunidad Autónoma para cubrir sus necesidades. Es por ello que planteamos la necesidad de cumplir con el modelo de financiación acordado, en el que el 50% es asumido por las comunidades autónomas y el 50% restante por la Administración General del Estado, ya que en la actualidad la Administración General del Estado aporta el 18% y las CCAA el 81.9%.

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