* El Colegio de Dentistas de León muestra su preocupación tras las detenciones efectuadas esta mañana que afectan al dueño y directivos de la cadena Vitaldent por presuntos delitos económicos
16 de Febrero de 2016.- El Colegio Oficial de Dentistas de León ha mostrado su preocupación ante la detención hoy de la cúpula de Vitaldent por presuntos delitos económicos y ha pedido a la Administración que garantice los derechos de los profesionales sanitarios y de los pacientes que puedan verse afectados por esta situación.
El presidente del Colegio, José Sevilla, ha alertado sobre los modelos de negocio donde principalmente prima el interés económico sobre la salud, con un agresivo uso de las campañas publicitarias para captar el mayor número de clientes (que no pacientes) y lograr que estos financien los tratamientos para percibir un beneficio económico de manera inmediata.
Sevilla ha reclamado una vez más un cambio normativo para que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a socios profesionales, y así vincular la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética y praxis profesional. El objetivo final, que el control de las clínicas dentales no esté en manos de profesionales ajenos al sector.
Se trata, recordó Sevilla, de un modelo de negocio que afecta tanto a pacientes como a profesionales odontólogos. Con respecto a los pacientes, el Colegio reclama medidas para que, si cesa la prestación del servicio, éstos puedan interrumpir el pago de las cuotas de forma inmediata y se lleve a cabo la condonación del crédito suscrito.
Tanto el Colegio como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan a los pacientes conservar cualquier documentación que demuestre la vinculación con la clínica y los servicios acordados: presupuestos, contratos, facturas… El Colegio recuerda además que está a disposición de los ciudadanos para ofrecer asesoramiento en este asunto.
El presidente del Colegio ha señalado que “nos preocupa enormemente la situación de los odontólogos que trabajan en estos centros, personal perfectamente cualificado para el ejercicio de su profesión y que pudiera verse afectado en su trabajo”. Asimismo, Sevilla espera que “los problemas entre franquicias y franquiciados no afecten a su ejercicio profesional, a la libertad de diagnóstico y a la planificación de tratamientos, cuyo fin último es la correcta atención de los pacientes”.
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"LAS FRANQUICIAS Y EL DERECHO PENAL”
Jesús Mandri, director de servicios jurídicos de mundoFranquicia consulting
Estos días se han publicado noticias relativas a la detención policial de los responsables de VITALDENT, a quienes se imputa la comisión de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y contra la Hacienda pública.
Al parecer y según publicaciones aparecidas en diversos medios de comunicación, en el marco de la operación "topolino" se han practicado diversas entradas y registros, incautaciones de bienes -algunos de ellos de lujo- y bloqueos de saldos millonarios en cuentas bancarias y activos financieros.
Al parecer, y siempre según las mencionadas publicaciones, VITALDENT percibía de sus franquiciados grandes cantidades de dinero que no se declaraban ante la agencia tributaria, que llegaban a paraísos fiscales y que posteriormente se invertían en la adquisición de bienes inmuebles y compraventa de caballos de pura sangre.
La UDEF hace referencia, según estas publicaciones, a un fraude superior a diez millones de euros y multitud de afectados, entre los que se encuentran los franquiciados de VITALDENT y los propios pacientes de las clínicas.
Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de la implantación de Códigos éticos o de conducta, que sean efectivos en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, e incluso la implantación y seguimiento de programas de prevención o cumplimiento normativo (COMPLIANCE PENAL), en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Efectivamente, el artículo 31 bis del vigente Código Penal, regula la imputación de responsabilidad penal a las propias empresas por actos cometidos por sus responsables o por los empleados dependientes de estos, independientemente de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichos responsables y empleados, con la imposición de penas que pueden llegar al cierre y liquidación de la empresa.
No obstante, este tipo de hechos estos son aislados en el ámbito de la franquicia y, con carácter general, el sistema y la relación jurídica entre franquiciador y franquiciado, funciona de manera fluida y saneada, sin más incidencias que las que habitualmente pueden derivarse de una relación contractual entre partes.
Por ello, entiendo que el mensaje debe ser tranquilizador, especialmente teniendo en cuenta que son muchos los profesionales y entidades que velan por el buen funcionamiento de la franquicia como sistema de comercio asociado.
