El Colegio de Dentistas de León apoya la denuncia de FACUA contra Vitaldent por negarse presuntamente a asumir las reclamaciones de sus pacientes

18 de Septiembre.- El Colegio de Dentistas de León apoya la decisión de FACUA-Consumidores en Acción de denunciar a las clínicas dentales Vitaldent por presuntamente “eludir su responsabilidad ante las irregularidades de sus franquicias”, tal y como ha puesto de manifiesto recientemente en un comunicado.

Según FACUA, la denuncia -presentada ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y las autoridades de Consumo de la Comunidad de Madrid- responde a la situación de “desprotección y desamparo” en la que la empresa matriz de Vitaldent deja a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo de solución o alternativa a los pacientes afectados por un mal servicio que puedan prestar sus franquicias. FACUA ha interpuesto esta denuncia tras intentar gestionar sin éxito las reclamaciones de un usuario en una franquicia de Vitaldent en Andalucía.

Ante situaciones como ésta, el Colegio de Dentistas de León muestra su respaldo a la denuncia y se adhiere al comunicado remitido también por el Consejo General de Dentistas, que aglutina a los Colegios Profesionales españoles, y que ha puesto de manifiesto la importancia de una adecuada práctica profesional y unos servicios sanitarios “de calidad con un alto grado de profesionalidad y compromiso ético”.

Del mismo modo, el Consejo General de Dentistas recuerda que se está poniendo en peligro la salud de la población con la creciente mercantilización del acto sanitario y con el aumento de la publicidad sanitaria “inapropiada y engañosa”. En este sentido, insiste en que siendo la salud un bien especial a proteger por parte del Estado, en nuestro país son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias para desarrollar la normativa sobre publicidad sanitaria y que actualmente sólo Aragón, Asturias, Murcia, Navarra y el País Vasco cuentan con regulación en esta materia.

Los dentistas reivindican una normativa marco de ámbito estatal más transparente que permita proteger a toda la población de recibir información sanitaria inadecuada que no cumpla con la ética profesional o que pueda inducir a error o engaño, evitando así los consiguientes riesgos que esto supone para la salud.